Es un enfoque de contratación pública que promueve la sostenibilidad mediante la integración de las dimensiones económica, social y ambiental en los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras de una jurisdicción.

Estas dimensiones se incorporan mediante criterios, herramientas y/o mecanismos concretos en cada una de las etapas de los procesos de contratación, buscando maximizar el principio de valor por dinero y garantizar una mayor satisfacción ciudadana junto a un progreso hacia el bienestar social y ambiental.

El principio de valor por dinero es definido por Naciones Unidas como la optimización de los costos del ciclo de vida necesarios para cumplir con los requerimientos de la administración pública y, de manera paralela, tomar en consideración los recursos disponibles y los riesgos potenciales a la sociedad y el ambiente.

Fuente:

“Informe temático de la Compra Pública Sostenible.”(2021). Publicación de la Secretaría General Iberoamericana, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá con la autoría de Franco DePasquale.
● https://drive.google.com/file/d/1Dn5m36TrOyx2uKShk2-7PCdgXrUOPLK1/view

Movimiento legislativo de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (B.I.C.) en América Latina: análisis, desafíos y propuestas para su avance” (2020). Publicación de Academia B con la autoría de Franco DePasquale, Constanza Connolly y Soledad Noel.
● http://biblioteca.academiab.org/items/show/160

“Implementando Compras Públicas Sostenibles en América Latina y el Caribe”. (2021). Manual para agentes de compras públicas de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).
● https://www.iisd.org/system/files/publications/iisd-handbook-ingp-es.pdf

Otras aproximaciones:

La contratación pública sostenible busca el equilibrio adecuado entre los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social y medioambiental.

– Los criterios económicos incluyen los costes de los bienes y servicios a lo largo de todo su ciclo de vida, como: adquisición, mantenimiento, operaciones y costes de gestión al final de la vida útil (incluida la eliminación de residuos) en línea con una buena gestión financiera;

– Los criterios sociales incluyen la justicia social y la equidad, la seguridad y la protección, los derechos humanos y las condiciones de empleo; – Los criterios ambientales incluyen las emisiones a la atmósfera, la tierra y el agua, el cambio climático, la biodiversidad, el uso de recursos naturales y la escasez de agua durante todo el ciclo de vida del producto.